ESTADO NACIONALISTA DEMOCRATICO, O MAS NEOLIBERALISMO

ESTADO NACIONALISTA DEMOCRATICO, O MAS NEOLIBERALISMO
"Mi frase jamás ultrajó a los perseguidos (...), mi frase jamás tuvo entonación de vituperio ni de contumelia, mi frase jamás fue perro de presa ni mucho menos gozquecillo, mi frase jamás mancilló las honras ni lastimó las conciencias" JCM.

Los ochentas y noventas fueron décadas en las cuales los países de la región se embarcaron en programas de reformas del estado. Éstos se vieron fuertemente impulsados desde afuera por las humillantes condicionalidades de los préstamos y los programas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional encaminados a garantizar, antes que ninguna otra cosa, el pago de la deuda, y el aporte a la solución de la crisis de EEUU. En plena consonancia con la ortodoxia neoliberal, las condiciones establecidas para obtener el aval de ambas instituciones, su respaldo o, en ciertos casos, algunos fondos, incluían inexorablemente un conjunto de cláusulas encaminadas a reformar el aparato estatal heredado de tiempos supuestamente populistas o socializantes, García, Fujimori, Toledo, fueron los ujier encargados de velar tales mandatos sus amos de EEUU.

El axioma que suministraba la orientación cardinal de este activo programa que propiciaba una suerte de harakiri estatal fue sintetizado, de manera harto elocuente, por el enfant terrible de Harvard, Jeffrey Sachs, cuando dijera que todo lo que el estado hace lo hace mal y es ineficiente. En línea con lo que había establecido Friedrich Hayek desde 1944, las así llamadas reformas de estas dos últimas décadas asumían la existencia de una antinomia irreductible entre mercado y estado, el primero siendo el ámbito natural de la libertad y el segundo la fuente de toda opresión. Todo lo que se haga para reducir la gravitación del segundo término de la ecuación fue beneficioso para el conjunto latinoamericano y sobre todo para el Perú.

Sin embargo un tono pesimista se publica en la revista The Economist sobre este tema, con el sugestivo título de “La Mano Visible”. El dossier finaliza con una conclusón melancólica: big government is still in charge. A pesar de la vocinglería ideológica neoliberal las “reformas” que tuvieron lugar entre 1980 (Época en que se lanzaron los programas de ajuste y los planes de austeridad fiscal, APRA.) y 1996 no impidieron que el gasto público de las 14 naciones más avanzadas de la OECD subiera del 43.3 % del PIB al 47.1 % (The Economist , 1997: p. 8). Las palabras del artículo ahorran mayores comentarios:

El otro problema, íntimamente asociado al primero pero relativamente independiente de él, es el grado de “debilidad estatal” prevaleciente en América Latina y el Caribe. Esta debilidad se plantea en relación a su creciente dificultad para disciplinar a empresas y mercados, beneficiados por una liberalización y desregulación sin precedentes, y para resistir las presiones de otros estados más poderosos.

Al decir que la fortaleza, o la debilidad de un estado es relativamente independiente de su tamaño conviene reflexionar sobre la experiencia del sudeste asiático, en donde estados comparativamente pequeño han demostrado una extraordinaria capacidad para regular mercados, disciplinar empresas y contraponer sus intereses a los de otros estados. Corea del Sur resistió durante décadas las directivas norteamericanas que, por ejemplo, desaconsejaban cualquier tentativa industrializadora y presionaban por una apertura comercial indiscriminada. Pese a hallarse ocupado militarmente por la potencia hegemónica el estado coreano adhirió a una estrategia de desarrollo inspirada, en el desarrollo interno, tomando de la vitrina el éxito industrial japonés y ubicada en las antípodas del neoliberalismo desarrollo: rectoría estatal en el proceso de acumulación, valorización del mercado interno, masivas inversiones públicas en educación, salud y el sector científico-tecnológico, proteccionismo, etc. En suma, la experiencia coreana sirvió para demostrar que si existe una firme voluntad política dispuesta a ensayar fórmulas alternativas a las del neoliberalismo éstas pueden obtener magníficos resultados.

No sólo se trata del caso de Corea del Sur. El “modelo inspirador de ese abigarrado conjunto de experiencias del Sudeste Asiático ha sido el Japón. los ideólogos y expertos no se han limitado a subrayar la “orientación hacia la exportación” de ese patrón de crecimiento, soslayando por completo el limitado papel que en los mismos juegan los mecanismos de mercado, en el mejor de los casos subordinados a una estrategia macroeconómica global dirigida desde el estado, y la decisiva importancia que en los diversos países incluidos bajo la categoría del “milagro del Sudeste Asiático” tuvieron las políticas de consolidación del mercado interno y, en las fases más avanzadas del proceso, las políticas de ingresos. (World Bank, 1994)

En todo caso, si hay un común denominador en estas experiencias éste ha sido la llamativa fortaleza del actor estatal y su capacidad para “domesticar” a empresas y mercados y para preservar márgenes comparativamente elevados de autonomía nacional. Fortaleza que debe distinguirse de un estado despótico y represor como el que asolara América Latina en los años setenta, 80, 90. Cuando el neoliberalismo criollo habla de un “estado fuerte” está hablando de un régimen político capaz de hacer “desaparecer” a sus opositores, destruir sindicatos, suprimir partidos políticos, clausurar parlamentos, desmantelar a las universidades, amordazar a la prensa y someter a la sociedad civil. Pero tales estados demostraron ser, tal como lo señalaran en innumerables oportunidades Ruy Mauro Marini y Agustín Cueva, de una patológica debilidad y de un servilismo sin límites a la hora de relacionarse con los grupos y clases dominantes. Este “desencanto” con la democracia difícilmente podría ser interpretado como un signo auspicioso, al menos si se tiene en cuenta la experiencia internacional en la materia.

Prueba de lo anterior es la grave crisis estatal que se advierte en America latina y en nuestro país (corrupción gubernamental, violencia, incertidumbre acerca del destino de la transición democrática); El panorama es un tanto menos crítico en Chile, pero aún en este país la supremacía civil sobre las fuerzas armadas -un dato crucial de cualquier orden democrático- parece más una ilusión que una realidad, el desmedido incremento de armas así, lo confirman y se constituyen en un peligro para nuestro país, ante ello solo el nacionalismo en base a la gran alianza Quechua-Aymará-Amazónico, se torna en alternativa, con la construcción del Gran estado Federal Andino, con los 10 departamentos del sur.

El marco social donde se verifican estos procesos se caracteriza por una intensificación sin precedentes de la exclusión social y la pobreza, resultantes del tránsito de una economía de mercado a lo que Pierre Mauriaux denominara una “sociedad de mercado”. El paso de una a otra está mediado nada menos que por la capitulación estatal y la bancarrota de sus capacidades de intervención y gestión (Desde el 80 -Apra-, Fujimori y Toledo), lo que coloca objetivamente al estado y a la sociedad como rehenes del mercado, y a éste en condiciones de desarrollar hasta el límite el darwinismo social que permite seleccionar a los más aptos y eliminar a los que no lo son. No hace falta aportar demasiados antecedentes en esta materia: los datos sobre la exclusión social, la injusticia y la explotación imperantes en las sociedades latinoamericanas han conmovido inclusive a los espíritus más reposados y las burocracias internacionales más conservadoras, como la del Banco Mundial, FMI,. Que viene exigiendo a los estados mayor estabilidad laboral como forma y garantía de permanencia de sus modelos.

Las implicaciones de este proceso fueron advertidas, al promediar la década de los ochentas, por Agustín Cueva, cuando observara la generalización en nuestras sociedades de las figuras del mendigo y el narcotraficante, síntoma evidente de la descomposición social ocasionada por las políticas del Consenso de Washington, la servidumbre estatal, el “si o si” de eunucos presidentes “Y vivir de la caridad del Norte”. Lo que caracteriza a las clases y capas populares, esos dos tercios o cuatro quintos que, en América Latina, queda “fuera de juego”, es un profundo proceso de disgregación social. El tan mentado discurso del “fin de la clase obrera” lejos de reflejar la superación de la explotación de clase remite más bien a un proceso de disolución de lo social que difícilmente pueda ser saludado como un tránsito hacia una sociedad mejor.

La ruptura de la trama social y la desarticulación de la red de actores colectivos que en un pasado no demasiado remoto integraban a la sociedad de clases en el capitalismo periférico ha dado rienda suelta a profundas tendencias antisociales. El individualismo anómico, el “sálvese quien pueda” como patrón cultural y el desmantelamiento de las organizaciones populares ha instaurado la violencia más descarnada como la forma normal de las relaciones sociales, (basta ver la proliferación de hordas delincuenciales sobre todo en Lima). Este deterioro es, sin duda, resultado de una verdadera y apenas declarada “guerra social” que, librada por el neoliberalismo, conduce al progresivo exterminio de los pobres, sobrepenalizacion de delitos, y la consecuente saturación de cárceles. En vez de combatir a la pobreza, observaba con ironía Noam Chomsky, los gobiernos neoliberales se han dedicado a combatir a los pobres. De ahí la verdadera “privatización” de la violencia a que asistimos en nuestros países, en donde un verdadero ejército de guardias privados tienen a su cargo la custodia de los ricos, (ilusos alcaldes sobreprotegidos) mientras un número creciente de indigentes carecen de lo más elemental para asegurar su sustento. Este cuadro de corrupción y crisis de la administración de justicia, precipitó el florecimiento de diversas prácticas tendientes a “hacer justicia por mano propia”, en un abanico que va desde la “acción” de la ronda campesina hasta el “linchamiento”, pasando por numerosas formas intermedias.

Al momento estas pregunta son importante: ¿es razonable esperar que este tipo de sociedad, que emerge tras el diluvio neoliberal, pueda ser el sostén histórico de un proceso de democratización, o la plataforma desde la cual se construya una convivencia civilizada y respetuosa de los derechos fundamentales de la persona humana? ¿No deberíamos más bien esperar el surgimiento de fuertes tendencias hacia el mesianismo político, o hacia un fundamentalismo de derecha?, ¿No estamos acaso en presencia de un ominoso huevo de la serpiente neofascista? Que en términos nacionales representa el partido corporativo del APRA, horda de atracadores carnetizados, el futuro es negro sin duda, es un imperativo por lo tanto desarrollar un Estado Democrático, Participativo, globalizado, factible si se garantiza el triunfo de un nacionalismo democrático.

ALTERNATIVA.
Más difícil de delinear, la alternativa al neoliberalismo implica antes que nada un cambio radical de rumbo. Es preciso no temer ir a contracorriente de la ideología dominante, y tener la valentía de poder gritar que el rey está desnudo. Efectivamente, el rey está desnudo y es preciso hacer algo y pronto. Dejar que las cosas sigan como están, en esta perniciosa “normalidad” es, el síntoma más ominoso de la crisis actual.

En este sentido se debe remarcar sumariamente tres elementos constitutivos del nuevo curso.

En primer lugar se requiere dar una batalla sin tregua para lograr una auténtica reforma del estado. Sin reconstrucción del orden estatal no habrá salida a la crisis. Para ello se requiere como mínimo tomar un conjunto de medidas, entre las cuales sobresalen las siguientes:

(a) El fortalecimiento fiscal del estado, (sobre todo de las empresas extranjeras);
(b) La jerarquización del funcionariado;
(c) La realización de una profunda reforma en el orden administrativo y burocrático;
(d) Lucha frontal contra la corrupción;
(e) Redefinición de una nueva estrategia de intervención del estado en la vida económica y social, a partir de la constatación del hecho que las viejas modalidades e instrumentos propios de la era keynesiana requieren urgentes e imprescindibles modificaciones.
(f) Mejorar los mecanismos de funcionamiento estatal, a fin de posibilitar la mayor transparencia y control ciudadano del proceso decisional. Una experiencia digna de tener en cuenta es la del presupuesto participativo, implementada en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, diferente al aplicado por los neófitos Alcaldes locales. Agregar a ello la activa participación en los Consejos de Coordinación, Mesas de concertación, planeamientos concertados, rendición de cuentas, etc.

Estas medidas remiten, en última instancia, a la “madre de todas las batallas”: la reforma tributaria. En efecto, ninguna reforma digna de ese nombre será posible en los estados latinoamericanos sin cortar de raíz la Hidra de las Siete Cabezas del “veto contributivo” que, hasta hoy, ejercen las clases dominantes. Sin atacar esta pesada herencia que proviene de la época colonial no habrá estado dotado de las capacidades mínimas necesarias para estar a la altura de los desafíos de la hora actual. Esto supone, entonces, acabar con el “veto contributivo” del que gozan los ricos y las grandes empresas, situación tan escandalosa que hasta los propios informes y estudios del FMI parecen libelos ultraizquierdistas más que documentos elaborados por fríos tributaristas. La lucha contra dicho veto presupone asimismo un combate contra la evasión y la elusión tributaria, y el diseño de una estructura impositiva que abandone la radical regresividad actual y la sustituya por un modelo de tributación progresiva. No es una meta descabellada proponer que, en un plazo de cinco años, la estructura tributaria de nuestros países adopte parámetros similares a los que se registra en promedio (no en los países nórdicos sino en el promedio) de la Unión Europea. Si no se hace es porque, sencillamente, falta la voluntad política para hacer que en este mundo globalizado las empresas europeas, americanas y japonesas paguen impuestos aproximadamente semejantes a los que abonan sin chistar en sus propios países.

En segundo lugar, se requiere de poner en marcha una profunda reforma democrática que perfeccione radicalmente la calidad de nuestras instituciones y prácticas democráticas. En nuestros países la democracia corre el riesgo de ser ese “cascarón vacío” del que habla Nelson Mandela, un cascarón vacío en donde medra una clase política cada vez más irresponsable y corrupta, indiferente ante la suerte de la ciudadanía. Que ésta ya es así lo demuestra la enorme desconfianza popular ante la clase política, los partidos y los parlamentos, un fenómeno que se registra en cada uno de los países de la región si bien en no todos los casos con similar intensidad.

Resulta imprescindible, en consecuencia, emancipar a la política de los mercados. En nuestros días la política es financiada por las empresas y por los sectores adinerados. La política se ha convertido, en esta era massmediática, en una actividad sumamente onerosa que en nuestros países financian los ricos y poderosos. No es sino natural que, una vez elegidos, los gobernantes gobiernen en exclusivo provecho de sus mandantes y financistas. El financiamiento público y transparente de la vida política se constituye, por lo tanto, en un dato fundamental del nuevo ordenamiento democrático; el acceso irrestricto a los medios de comunicación de masas es el otro pilar de una democracia perfeccionada.

Por último, lo anterior requiere inexorablemente la puesta en vigor de nuevas políticas estatales orientadas a la provisión de un conjunto de bienes públicos que, en épocas recientes, sufrieron agudos procesos de “mercantilización”. Ése y no otro fue el camino recorrido por las naciones europeas en la segunda postguerra, un camino que permitió en un mundo devastado por el conflicto bélico la reconstrucción de la economía y de la sociedad civil.

Estas nuevas políticas públicas, completamente antitéticas en relación a las emanadas del Consenso de Washington, no sólo cumplimentan un fin noble en sí mismas sino que, además, constituyen un aporte fundamental para la reconstrucción de una sólida legitimidad democrática que, a su vez, es imprescindible para dotar al estado de la fortaleza requeridas para disciplinar a las fuerzas del mercado, encuadrar a las empresas y neutralizar la presión de otros estados más poderosos. Un estado, en una palabra, que recupere la soberanía económica y política perdida, que perfeccione el orden político y que permita emprender la impostergable reconstrucción de la sociedad civil. La planificación democrática participativa es la única garantía de avance de nuestra sociedad, para ello se requiere un gobierno nacionalista democrático. El fascismo liberal aprista se constituye en un peligro en la consecución de lo planteado.